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La justicia acostumbra ser representada como una mujer (supongo que por la diosa griega Temis), con una balanza en la mano (significando el equilibrio de las partes en litigio), a menudo con una espada (que evoca la fuerza que hay que aplicar para impartirla) y los ojos vendados, a fin de que su decisión no se vea influída por la identidad de las partes.

Suele decirse por ello que la justicia es ciega, pero creo existen elementos sobrados para poner en duda esa afirmación. Porque la justicia la imparten personas, y como tales, estas personas cuentan con sus propias ideas, sus filias, sus fobias, sus defectos y sus virtudes. Y esas ideas propias se manifiestan, inevitablemente, en su forma de afrontar y de fallar (que viene de hallar, de encontrar la solución a un problema, y no debe confundirse con errar o equivocarse, aunque obviamente puede haber y de hecho hay fallos equivocados) los asuntos que les son encomendados.

En eso la justicia no se diferencia del resto de actividades humanas. Ante la tendencia general de echar la culpa de las cosas a las organizaciones, yo siempre digo que el problema no son ellas, sino los hombres y mujeres que las componen que son, somos, falibles e imperfectos. Lo creo firmemente.

Así pues, es lógico, diría que inevitable, que las sentencias que un juzgador o juzgadora dicta se vean influídas, por ejemplo, por sus ideas políticas. Aunque lo que corresponde al Poder Judicial es aplicar la ley, es innegable que toda ley deja un margen (mayor o menor, en función de factores técnicos pero también de factores de contexto social) a la interpretación, y es ahí, en la labor interpetativa, donde las tendencias del juzgador/a se manifiestan. Por ejemplo, un juzgador que valore más el derecho a la propiedad privada que el derecho a la vivienda, puede tener tendencia interpretar en favor de la propiedad las normas que regulan el contrato de arrendamiento. Es normal, lógico y, como digo, inevitable.

Y no es algo exclusivo de nuestro país, obviamente. En Estados Unidos, los miembros de la Corte Suprema son designados por el Presidente del país y confirmados por el Senado, ejerciendo el cargo con carácter vitalicio, salvo renuncia o impeachment. Por ello su tendencia política suele ser la misma que la del Presidente que los nombra, y dicha tendencia se refleja en sus decisiones, algo que por otro lado se considera de lo más normal (con el agravante de que sus funciones, a diferencia de las de los miembros de nuestros órganos judiciales, incluyen la posibilidad de derogar leyes).

Es muy posible que sus creencias personales impulsaran a Baltasar Garzón a declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil, pero para ello no forzó la ley, sinó que efectuó una interpretación posible de ella. Quizás no la única, pero posible, por mucho que pudiera considerarse jurídicamente alambicada: entender que se trató de delitos contra altos organismos de la nación, que no habían prescrito por estar directamente relacionados con crímenes contra la Humanidad que se consideran imprescriptibles. Y obvió la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, por el mismo motivo que en otros países se han derogado las leyes de punto final que los asesinos dictaron para intentar que sus crímenes quedaran impunes. Por ello el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó en 2008 su derogación al Estado español. Solo faltaría que se permitiera a los responsables de los crímenes y/o a sus sucesores decidir sobre su responsabilidad.

Podemos estar o no de acuerdo con la interpretación de Garzón (de hecho, el Ministerio Fiscal no lo estaba y por ello interpuso recurso), pero de ahí a calificarla como prevaricación, va un mundo.

El artículo 404 del Código Penal configura así el tipo delictivo de la prevaricación:

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Vemos que el tipo exige la concurrencia de dos factores: el primero, una resolución arbitraria, y el segundo, que sea dictada a sabiendas de su injusticia. El segundo es un factor subjetivo que únicamente conoce el autor de la acción, por lo que los demás únicamente podemos inferir la existencia o no de dicho factor a partir de otras pruebas. Pero el primero es más claro: es preciso que la resolución sea arbitraria, o sea, dependiente del arbitrio, en su acepción de voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho (podeis comprobar los significados en el web de la RAE). Es decir, no basta con que la resolución no sea correcta o ajustada a Derecho, sino que hace falta un plus de intencionalidad que además impida incardinarla en la ley en cualquiera de sus posibles interpretaciones. No haría falta decirlo, pero cada día son revocadas por tribunales superiores, por considerarse no ajustadas a Derecho, infinidad de resoluciones dictadas por jueces y juezas, y no por eso dichos juzgadores son imputados por prevaricación, solo faltaría.

Es por ello que, a pesar de no haberlo leído pero estando de acuerdo con su espíritu, modestamente me uno a los juristas que han redactado un manifiesto de apoyo a Garzón porque considero, como ellos, injustificable el procedimiento que se está siguiendo contra él. Y hago mío también el contenido del manifiesto de apoyo publicado hace algunos meses que podeis leer (y apoyar) aquí.

Hechos como el proceso contra Garzón acreditan que aunque quizás el franquismo murió, todavía quedan muchos franquistas, que harán lo posible por evitar que muchas personas que perdieron familiares a manos de la represión, y que en muchos casos ni tan siquiera saben dónde están enterrados, obtengan ni tan siquiera una reparación moral. Está en nuestras manos impedirlo.

Y una puntualización para acabar: no se trata de hacer una defensa personal de Baltasar Garzón, tengo contra él diversos agravios que ahora no viene a cuento enumerar, es una defensa de la justicia, aunque no sea ciega, ni pueda serlo.