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Uno podría saber cuándo se acercan las elecciones sólo fijándose en los temas que algunos partidos (básicamente los de derechas, digamos las cosas por su nombre, aunque ello no obsta a que representantes municipales de otros partidos puedan hacerles el juego) sacan a la palestra, en apelación directa a los más bajos instintos de las personas. Y un tema paradigmático es el de la inmigración.

Es este un tema complejo, muy complejo, pero en el que yo tengo claras unas pocas cosas:

• Las personas tenemos, o deberíamos tener, los mismos derechos, y ni yo ni nadie tiene la más mínima autoridad para  decirle a otro ser humano que, por el hecho de haber nacido más allá de esa línea imaginaria que delimita un estado, o más allá de una montaña o un océano, lo que debe hacer es quedarse allí, donde nació aunque se muera de hambre (si puede ser sin que yo lo vea, no sea que se me ponga mal la comida) y no venir aquí a molestar.
• Eso no significa que yo esté en la posición buenista del “papeles para todos”. Un solo estado no puede solucionar problemas de alcance planetario, como las desigualdades norte-sur, la injusticia y el hambre, y cualquier intento en esa dirección estaría condenado al fracaso, lo que además de no mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes, empeoraría a buen seguro la de los que no lo son. Por ello la inmigración debe regularse.
• A pesar de ello, si una persona se encuentra aquí, aun habiendo entrado de forma irregular en el país, negarle los derechos más básicos, como la asistencia sanitaria o el acceso de sus hijos e hijas a la educación, que sería la consecuencia de negarles el derecho a empadronarse, es una actitud ruín y mezquina, y las personas que la apoyan no merecen llamarse así. Los inmigrantes, aunque hayan entrado de forma irregular, son personas y existen, aunque no las empadronemos.

Es realmente lamentable que existan ciudadanos y ciudadanas que, sin el más mínimo recato ni vergüenza torera, manifiestan que lo que tienen que hacer los inmigrantes, ahora que no hay trabajo, es volverse a su tierra. O sea, cuando se necesitan (porque les guste o no a algunos, se necesitan) aun se toleran, y cuando no, que se vayan. Muy edificante.

Pero más lamentable aun es que entre estos ciudadanos y ciudadanas que expresan tan descaradamente su xenofobia abunden aquéllos que, a su vez, fueron un día (o lo fueron sus padres) inmigrantes. Yo pertenezco a una familia de inmigrantes, mis padres y buena parte de sus hermanos dejaron su Andalucía natal para repartirse por diversas partes de España y de Europa, pero aunque así no fuera, no me costaría entender que quien abandona su lugar de origen, dejando atrás raíces, familia y amigos, y se va a un sitio desconocido, con una cultura y a veces también una lengua diferentes, no lo hace por conocer mundo o vivir experiencias arriesgadas, sino porque es la única manera de tener una vida mejor, y cooperar a que los que se quedan también la tengan (tanto por los fondos que envían como porque son menos a repartir los limitados recursos que tienen).

Está claro que estos sentimientos xenófobos se explican en buena parte con argumentos económicos. Los inmigrantes compiten, tanto en acceso al trabajo como en uso de servicios, con los más necesitados de los que llegaron en oleadas migratorias anteriores a la suya, y lo limitado de los recursos provoca que, a veces, la ayuda a los que están muy mal vaya en detrimento de la ayuda a los que estando mal, no lo están tanto, provocando la justa indignación de éstos. Y eso no puede ser. Debemos ser capaces de proveer de suficientes recursos a nuestro sistema de protección social como para que sea capaz de ayudar a todo el que lo necesita, y no sólo a los que están en peor situación. No podemos, no debemos dejar a nadie atrás. Aunque claro, en un país dónde la principal preocupación de algunos es no pagar Impuesto de Sucesiones, estas cosas quizás suenen a mucha gente como algo secundario.

Con otras palabras, no hay que hacer política con la inmigración, hay que hacer políticas de inmigración, y en ello esta implicado este gobierno. Porque la realidad es la que es, y cerrar los ojos, hacer ver que los inmigrantes no existen, mandándolos a un limbo legal, no soluciona nada.

Por todo ello, es lamentable y repugnante la instrumentalización que desde el PP se está haciendo de esta materia, e hipócrita su posición respecto al empadronamiento de inmigrantes en situación irregular cuando la norma que lo regula, y obliga a practicarlo, se aprobó siendo ministro del ramo el Sr. Rajoy. Y no es mejor la postura de CiU, quien en asuntos como este nos enseña que aunque utilice mejores formas, no está tan lejos del PP en el fondo de la mayoría de asuntos, ya que un alcalde suyo es el impulsor de la medida ilegal de no empadronar inmigrantes sin pasaporte y visado (visado que la ley no exige). Y si alguien cae en la tentación de utilizar el argumento de que los concejales del PSC en el Ayuntamiento de Vic también lo apoyan, no tiene más que mirar la posición de ambos partidos en relación con el asunto: mientras que el PSC ha instado a sus concejales a oponerse a la medida, los líderes de CiU, como por ejemplo Duran i Lleida, apoyan la propuesta, como también sus alcaldes y concejales del resto de Catalunya. Nuevamente vemos como, más allá de la retórica vacía, a la hora de la verdad cada uno se retrata.

¿Qué decir del presidente de Pimec, que vincula delincuencia e inmigración? No cuesta entender que es más fácil que caigan en la delincuencia las personas con dificultades para subsistir o en situación de exclusión social que no los que no lo están, y teniendo en cuenta que en este perfil se encuentran muchos inmigrantes, es fácil que representen un porcentaje elevado entre las personas que delinquen. Seguramente si alguien hubiera hecho esta estadística en los años 60 y 70, también habría resultado más alto el porcentaje de delincuentes entre los recién llegados que entre los autóctonos. Pero de ahí a decir que el problema son “gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí“, va un mundo, y creo que también este señor (Josep González) ha quedado retratado. Claro, seguramente la ética que tenemos aquí es la de Díaz Ferran y la CEOE (ojo, no estoy dicendo que este señor sea un delincuente, hablamos de ética) o, mejor aun, la de Arantxa Sánchez Vicario (lo mismo digo), quien ha sido condenada a pagar a hacienda los tres millones y medio de euros que defraudó. Como decía ayer Wyoming en El Intermedio (lamentablemente no he encontrado enlace al vídeo, pero estuvo muy bien), seguramente la diferencia ética a que se refiere Josep González sea que los inmigrantes no obtienen sumas tan elevadas de sus actividades delictivas, ellos se pringan por dos duros.

Y lo más curioso de todo esto es que a los ciudadanos de Vic les preocupa mucho más el paro o la falta de aparcamiento que la inmigración. Quizás el Sr. Vila d’Abadal, alcalde de Vic, debería preocuparse más de esto que de intentar aprobar normativas ilegales, aunque le apoye Miquel Roca (cuyo dictamen han pagado o pagarán todos los ciudadanos de Vic, no el señor alcalde). Lamentablemente, este es uno de aquellos casos (que no abundan tanto como muchos dicen) en que los políticos no solo no solucionan problemas, sino que los crean.

Más información sobre el tema del empadronamiento en el blog de Miquel Iceta.