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Lamentablemente, la reforma de la Ley Electoral va a llevarse a cabo dejando pasar la oportunidad de hacerla más justa, lo que, con todo lo que de relativo puede tener el término, para mí implicaría hacer que el voto de todos los ciudadanos y ciudadanas valiera lo mismo, independientemente de su lugar de residencia (dado que, hoy por hoy, es la única circunstancia que marca diferencias). Mala cosa.

Es cierto que hay argumentos que aconsejan que el sistema electoral no registre una proporcionalidad pura, como evitar la atomización del voto y la aparición en el Parlamento de múltiples fuerzas políticas que harían difícil la obtención de mayorías para gobernar, o garantizar que todos los territorios tengan alguna representación. Pero eso no puede llevarnos al extremo de mantener un sistema en el que un partido necesite siete veces más votos que otro para obener un escaño, como pasa en la actualidad.

En un país dónde hay tanta gente (sobre todo en el PP, pero también en el PSOE) aparentemente preocupada por la igualdad de derechos en todos sus territorios, sobre todo cuando afecta a temas como la lengua, no deja de sorprenderme que importe tan poco que, en algo tan fundamental como el derecho a elegir a nuestros representantes, existan desigualdades tan flagrantes. Pero por desgracia, sus intereses partidistas se imponen, lo que me hace pensar que esa aparente preocupación por la igualdad es bastante selectiva. Y conste que no son ellos los únicos culpables, ya que tampoco a los partidos nacionalistas les interesa que existan fuerzas de ámbito estatal que puedan ejercer el papel de bisagra o simplemente completar mayorías.

Y si lo que pasa en España es lamentable, aquí en Cataluña nuestra vergüenza es doble, porque debemos aplicar también la injusta ley electoral española en nuestras elecciones autonómicas, ya que gozamos del dudoso privilegio de ser la única Comunidad Autónoma sin ley electoral propia. En sus muchos años de gobierno a CiU no le interesó modificar un sistema injusto que perjudicaba notablemente la circunscripción de Barcelona, dónde su voto era relativamente menor en comparación con las otras circunscripciones. Y cuándo el tripartito intentó hacerlo, se encontró con la oposición de la propia CiU e incluso de ERC, por similares motivos, de forma que todo acabó como el rosario de la aurora. También aquí el cálculo partidista se impone a la justicia.

Cosas como ésta resultan difíciles, por no decir imposibles, de justificar, y restan calidad a nuestra democracia.

He leído la noticia en Público, pero ya escribí sobre esto hace tiempo.