Los derechos fundamentales

Hace algunas semanas, dediqué tres entradas al denominado “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet”, en las que manifesté mi desacuerdo con el mismo, tanto en la forma, como en parte del fondo, como en la oportunidad, entradas polémicas que provocaron gran cantidad de visitas y también muchas críticas (junto a algunos elogios, que de todo hubo). No voy a volver sobre el tema ahora (tiempo habrá, creo, en el futuro) pero hace un par de días saltó a la primera plana de la actualidad una noticia íntimamente relacionada, por cuanto afecta de modo directo un derecho verdaderament fundamental, como es el de la libertad de información, y concretamente al ejercicio de la misma en internet.

Me refiero, obviamente, a la condena a dos periodistas de la Cadena Ser por revelar afiliaciones irregulares al PP de Madrid, impuesta por el Juez de lo Penal número 16 de Madrid por un delito de revelación de secretos, contemplado en el art. 197 del Código Penal. Es una sola sentencia y no quisiera tampoco darle más importancia que la que tiene, ya que con anterioridad otro tribunal, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Móstoles, en sentencia posteriormente confirmada por la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid, absolvió a los responsables de difundir la misma información en la revista de la Asociación Cultural Círculo de Opinión de Villaviciosa de Odón. Además de que muchas normas jurídicas se prestan a diversas interpretaciones, a nadie se le escapa que los jueces son personas y, como tales, pueden equivocarse tanto en la apreciación de los hechos como en la interpretación de la ley. Bueno, salvo Ferrín Calamita que al parecer aunque lo condenen por prevaricar le importa poco porque sigue pensando que sus creencias personales están por encima de la ley, con lo que supongo piensa que no se ha equivocado.

Estamos, como a menudo sucede, ante un supuesto de colisión de derechos, que la Audiencia Provincial resuelve en favor del derecho a la información por entender que cuando la información versa sobre hechos de interés general el mismo debe imponerse sobre el derecho a la dignidad, a la intimidad personal o al honor. Desde el momento en que condena, está claro que el juez no lo entiende así en este caso, aunque en honor a la verdad hay que decir que la sentencia -y esto se omite en la mayoría de informaciones- recoge la eximente incompleta de obrar en el ejercicio de un derecho, tal y como solicitó el Ministerio Fiscal en su calificación, si bien únicamente rebaja la pena en un grado, y no en dos como el Ministerio público defendía, por entender que se difundieron datos innecesarios para la publicación de la noticia.

La discusión jurídica relativa a la colisión de los derechos indicados es un tema complejo, largamente tratado, en el que no es mi propósito entrar ahora. Lo que llama la atención de la sentencia, y así se ha destacado, es la consideración que la misma hace de internet. Dice textualmente la sentencia (página 18) que la publicación de la lista de afiliados irregularmente al PP, o la cesión de dicha lista para su publicación constituía:

… una cesión universal por cuanto tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre. La protección constitucional  al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita) pero, debe matizarse, internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal.

De lo que debemos deducir (la sentencia no lo explicita) que no gozaría de la protección que otorga el derecho fundamental a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución (sí, el mismo que invoca el citado Manifiesto) que, recordemos, reconoce el derecho a

comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión

A mí la verdad es que esta distinción entre medio de comunicación social y medio de comunicación universal se me escapa, y por otro lado tampoco la constitución distingue entre uno y otro a la hora de otorgar su protección, por lo que Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, bonito latinajo que en roman paladino significa que donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Por otro lado, la referencia al libre acceso parece dar a entender que, si la información se publicara en un página de pago, la opinión del juez sería otra, pero tampoco entiendo el matiz, ya que de momento también el acceso a la televisión (salvo excepciones) y a la radio son  libres y gratuitos, y pese a ello Su Señoría los considera medios de comunicación social, pero no universal.

En todo caso, me parece especialmente grave que a las puertas del año 2010 alguien pueda considerar la libertad de información en internet (de información de verdad, no de bajarse películas o música) como algo diferente, y menos digno de protección constitucional, que la libertad de información a través de la televisión, la radio o la prensa escrita, cuando según un estudio de KPMG de 2007 internet es la primera fuente de información de los españoles, con un 70% de menores de 25 años que se informan a través de la red. Ni tiene ni lógica ni justificación alguna.

Como era de esperar la citada sentencia ha provocado muchas reacciones, en la prensa y en la red, y la inmensa mayoría en contra de la misma, aunque han hecho mucho menos ruido que el citado Manifiesto (y tampoco ha faltado quien se ha pronunciado a favor, como el ínclito Juan José Güemes, que, para quien no lo sepa, es el creador de ese monumento al mal gusto, pretendidamente gracioso, denominado diccionario progresí).

Yo, desde aquí, modestamente me uno a esas voces críticas, porque, realmente, la libertad de información en internet está en juego.

Texto completo de la sentencia en El País.

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