Anda la red revuelta a causa de la inclusión en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible unas disposiciones finales que modifican la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Tal es el sarao que se ha montado, que incluso circula por ahí un manifiesto contrario a dicha normativa cuyo texto podeis encontrar en este grupo de facebook o en diversas webs, como por ejemplo en el blog de Enrique Dans que al parecer es uno de sus precursores.

No tengo tiempo para extenderme como el asunto lo merecería, pero quiero dejar algunos apuntes:

  1. No me gusta que en se incluyan en las disposiciones adicionales o finales de las leyes modificaciones de otras normas que nada tienen que ver con ellas. Es una pésima técnica legislativa que además complica enormemente el trabajo de todos los que nos dedicamos a esto del Derecho.
  2. Creo que las modificaciones legislativas que durante los últimos años se han realizado ante la existencia de una realidad como las descargas de contenido de internet sujeto a derechos de autor han sido muy, muy, muy desafortunadas, empezando por el famoso canon digital, y denotan un gran desconocimiento de cómo funciona la red.
  3. Pese a que es cierto que no se le pueden poner puertas al campo, tampoco podemos caer en la falacia de que todo lo que es técnicamente posible es lícito. Creo que un autor debe tener el derecho de decidir qué quiere hacer con su obra (difundirla, no difundirla y en qué condiciones), y nadie tiene el derecho de decirle como hacerlo, ni de aprovecharse ilegalmente de su creación. O acepta sus condiciones, o no.
  4. Las posturas contrarias a las modificaciones legislativas indicadas no entran en lo que para mí es el meollo de la cuestión: cómo defender el derecho del autor a gozar de los frutos de su trabajo (su obra) en un mundo digital, o el derecho de una empresa a obtener beneficios de sus inversiones. No podemos caer en el estereotipo de que contra las multinacionales malas malísimas todo es válido.
  5. El referido manifiesto adolece igualmente de este defecto, además de otros muchos: aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid introduce puntos que, para mí, no vienen al caso y desprenden un tufo partidista más que evidente, atribuye a la ley efectos que yo creo que no tiene (aunque todo es discutible, y aquí cuenta y mucho la interpretación y la aplicación que de ella se haga), se irroga el derecho a decidir qué tiene y qué no tiene que hacer la industria, qué es y qué no es obsoleto, sacraliza el tema del cierre administrativo de una web, como si la administración no pudiera ya ahora cerrar muchos negocios si incumplen la ley (sin perjuicio del posterior control judicial, como toda actividad administrativa), hace una interpretación realmente chusca del fin (finalidad) del derecho de propiedad intelectual, contiene afirmaciones jurídicamente más que discutibles (que yo sepa no existe en la constitución un derecho fundamental a bajarse películas, ni mucho menos a difundirlas de forma masiva), etc., etc., etc.

El caso es que el manifiesto ha sido suscrito por muchos y prestigiosos (al menos para mí) blogueros, como Nacho Escolar o  César Calderón, y matizado por otros, como José Rodríguez y Jaume d’Urgell, pero yo he de mostrar mi más frontal desacuerdo con el mismo, porque aunque pudiera suscribir alguno de sus puntos, lo negativo pesa mucho más que lo positivo, y en esta valoración negativa se equipara a la ley que lo motiva. Espero, estoy prácticamente seguro de que así será, que de la confrontación de ambos surgirá algo mucho mejor.

En relación con el tema, es interesante esta entrevista con David Bravo en 20  minutos (respondiendo a preguntas de internautas).