Desde hace bastante tiempo se vienen sucediendo filtraciones interesadas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, todas ellas, anunciando un recorte más o menos drástico del mismo. Por ejemplo, ya hace más de un año, TV3 propagaba una, y hoy mismo tenemos otra en La Vanguardia.

Podríamos plantearnos los motivos por los que alguien administra estas filtraciones a su antojo, pero lo único que está claro es que las mismas benefician a los que esperan una sentencia en el mismo sentido de las filtraciones, porque así adelantan en el tiempo el rédito político que esperan obtener de una hipotética sentencia adversa al Estatut. Porque, digamoslo claro, aquí la constitucionalidad o no del Estatut no le importa ni al PP, que si así fuera no habría aprobado en otros estatutos artículos idénticos a los que han sido objeto de recurso, ni tampoco le importa a CiU, como acredita el hecho de que sus sus alternativas sean huidas hacia delante claramente inconstitucionales. De lo que se trata es de erosionar a los gobiernos que en Cataluña y en España le dieron su apoyo, sencilla y llanamente, y por eso no es mi intención comentar nada más sobre esas posiciones. Son los buitres a los que me refería en el título, en busca de su ración de carroña.

Pero sí que quiero referirme al que podríamos designar como dilema constitucional, tomando prestado el título del editorial de ayer de El País que recoge en su blog Miquel Iceta. Como ya sabemos, sobre todo los que nos dedicamos a esto, pero creo que también el ciudadano de a pie, toda norma jurídica, y la Constitución no es una excepción, esta sometida a interpretación, y dicha interpretación puede provocar, en ciertos casos, resultados de la aplicación de la norma muy diferentes de los que se producirían con otras interpretaciones. Y no conviene olvidar lo que en este sentido establece el artículo 3 del Código Civil en su apartado 1:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

La Constitución Española tiene ya más de treinta años. Se aprobó en un España temerosa tras los casi cuarenta años de dictadura, dónde era inimaginable, por ejemplo, que alguien reivindicara la memoria histórica o los matrimonios homosexuales (¡si hasta la ley del divorcio fue un parto difícil!). Baste recordar que el intento de golpe de estado de Tejero tuvo lugar dos años después de la aprobación del texto constitucional.

Afortunadamente, poco o nada tiene que ver aquella España con la España actual. Y no solo porque un intento de golpe de estado sería ahora impensable, sino por los muchos cambios que no solo España sino también el mundo han sufrido. En estas condiciones, solo tenemos dos alternativas, o adaptamos la aplicación de las normas (y eso incluye la Constitución) al momento que vivimos, o las cambiamos, porque nunca una norma puede ser un lastre a la evolución de la sociedad.

Dice el artículo que he reproducido del Código Civil que la interpretación debe atender, fundamentalmente, al espíritu y finalidad de la norma. ¿Y cuáles son el espíritu y la finalidad de la Constitución? Pues para mí están claros: que los diferentes pueblos, ya sean naciones, nacionalidades, regiones o como se les quiera llamar, para mí el nombre no hace la cosa, puedan convivir juntos dentro del marco de España, pero con respeto a sus diferencias, y con capacidad para autogobernarse (de ahí el famoso Título VIII). Y el Estatut, en su redacción actual, cabe perfectamente en esta interpretación constitucional.

Si el Tribunal Constitucional ignora esto, e ignora además la voluntad del pueblo de Cataluña expresado en referéndum, habrá que plantearse ciertamente otras alternativas. No quiero con ello decir que el hecho de estar aprobado en referéndum constituya una patente de corso para saltarse la Constitución, pero sí que la voluntad expresada por el poder legislativo de Cataluña y España, y directamente por los ciudadanos de Cataluña, merece ser tenida en cuenta.

Sobre todo si pensamos en que podría ser que para ir contra esa voluntad popular se estuviera utilizando una norma, la Constitución, que nunca ha sido aprobada por una gran mayoría de los españoles vivos actualmente. Y si alguien cree que exagero, que haga números: menos de 16 millones de españoles aprobaron la constitución, de los que una buena parte, es ley de vida, habrán fallecido ya (los más jóvenes tendrán 49 años, uno más que yo, que no pude votar). No sé por tanto si quedarán vivos 12, 10 u 8 millones, pero en el mejor de los casos son indiscutiblemente minoría en un país con 40 millones de habitantes.

Acabo dejando aquí las palabras del Presidente Montilla el pasado domingo,  para quien no las haya oído, y no hace falta decir que las comparto totalmente:

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