Blog personal i polític de Manuel Cáceres
Arxiu de noviembre, 2009
Los tontos (o más bien malintencionados) y el dedo
28 nov
Hay un adagio que dice que cuando el sabio señala la luna (o el cielo), el tonto mira el dedo. Y creo que eso es algo de lo que ha pasado en los últimos días, aunque en este caso creo que los tontos son más malintencionados que otra cosa.
El jueves se produjo un hecho histórico con la publicación de un editorial conjunto de los doce diarios editados en Catalunya. Pero eso solo fue el primer paso de algo mucho mayor, puesto que dicho editorial fue reproducido y asumido por una buena parte de la blogosfera catalana (entre la que me encuentro), de un amplio abanico de tendencias políticas, en un movimiento impulsado por Ruben Novoa y por el amigo y compañero Jose Rodríguez, que lo explica hoy en su blog. Se unieron también a él otros medios de comunicación (el mismo día Catalunya Ràdio, RAC 105 y COM Ràdio, luego otros medios), partidos políticos, universidades y multitud de entidades de la sociedad civil catalana (asociaciones de vecinos, colegios profesionales, entidades empresariales, etc.), como explica hoy El Periódico, y la iniciativa gozó también del apoyo popular según las encuestas efectuadas por diversos medios de comunicación.
Y ante ello, en lugar de preguntarse cómo era posible que personas y entidades de tan diversas tendencias se unieran en defensa de una misma idea, qué era eso que los unía, los comentaristas y los medios de la caverna mediática se dedicaron, como siempre, a la descalificación y al insulto, con palabras tan fuera de lugar (aunque muy propias de esta gente) como franquista, nazi, manipulación y otras lindezas. Todo menos considerar que quizás sus motivos no son espurios, que quizás no les falte razón, porque piensan que la razón es patrimonio suyo.
Lo que decía, en vez de mirar la luna, que sería el rechazo colectivo a un hipotético recorte del Estatut aprobado por el pueblo de Catalunya, los malintencionados, que no tontos, miran al dedo, que sería la manera en que dicho rechazo se expresa. Y suerte que no pueden cortarlo.
La dignidad de Cataluña
26 nov
Reproduzco a continuación, igual que El blog de Miguel Iceta, de dónde lo transcribo, y otros blogs, el editorial que, en una iniciativa sin precedentes, publican de forma conjunta doce diarios editados en Catalunya (Avui, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Diari de Terrassa, Diari de Sabadell, El 9 Nou, El Periódico de Catalunya, El Punt, La Mañana, La Vanguardia, Regió 7 y Segre), y cuyo contenido suscribo.
La dignidad de Catalunya
Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: “Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica”. Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.
La expectación es alta
La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.
De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el “corazón de la democracia”. Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.
Avance o retroceso
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de “símbolos nacionales” (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.
Los pactos obligan
El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual.
Solidaridad catalana
Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.
Los buitres sobrevuelan el Estatut
24 nov
Desde hace bastante tiempo se vienen sucediendo filtraciones interesadas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, todas ellas, anunciando un recorte más o menos drástico del mismo. Por ejemplo, ya hace más de un año, TV3 propagaba una, y hoy mismo tenemos otra en La Vanguardia.
Podríamos plantearnos los motivos por los que alguien administra estas filtraciones a su antojo, pero lo único que está claro es que las mismas benefician a los que esperan una sentencia en el mismo sentido de las filtraciones, porque así adelantan en el tiempo el rédito político que esperan obtener de una hipotética sentencia adversa al Estatut. Porque, digamoslo claro, aquí la constitucionalidad o no del Estatut no le importa ni al PP, que si así fuera no habría aprobado en otros estatutos artículos idénticos a los que han sido objeto de recurso, ni tampoco le importa a CiU, como acredita el hecho de que sus sus alternativas sean huidas hacia delante claramente inconstitucionales. De lo que se trata es de erosionar a los gobiernos que en Cataluña y en España le dieron su apoyo, sencilla y llanamente, y por eso no es mi intención comentar nada más sobre esas posiciones. Son los buitres a los que me refería en el título, en busca de su ración de carroña.
Pero sí que quiero referirme al que podríamos designar como dilema constitucional, tomando prestado el título del editorial de ayer de El País que recoge en su blog Miquel Iceta. Como ya sabemos, sobre todo los que nos dedicamos a esto, pero creo que también el ciudadano de a pie, toda norma jurídica, y la Constitución no es una excepción, esta sometida a interpretación, y dicha interpretación puede provocar, en ciertos casos, resultados de la aplicación de la norma muy diferentes de los que se producirían con otras interpretaciones. Y no conviene olvidar lo que en este sentido establece el artículo 3 del Código Civil en su apartado 1:
Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
La Constitución Española tiene ya más de treinta años. Se aprobó en un España temerosa tras los casi cuarenta años de dictadura, dónde era inimaginable, por ejemplo, que alguien reivindicara la memoria histórica o los matrimonios homosexuales (¡si hasta la ley del divorcio fue un parto difícil!). Baste recordar que el intento de golpe de estado de Tejero tuvo lugar dos años después de la aprobación del texto constitucional.
Afortunadamente, poco o nada tiene que ver aquella España con la España actual. Y no solo porque un intento de golpe de estado sería ahora impensable, sino por los muchos cambios que no solo España sino también el mundo han sufrido. En estas condiciones, solo tenemos dos alternativas, o adaptamos la aplicación de las normas (y eso incluye la Constitución) al momento que vivimos, o las cambiamos, porque nunca una norma puede ser un lastre a la evolución de la sociedad.
Dice el artículo que he reproducido del Código Civil que la interpretación debe atender, fundamentalmente, al espíritu y finalidad de la norma. ¿Y cuáles son el espíritu y la finalidad de la Constitución? Pues para mí están claros: que los diferentes pueblos, ya sean naciones, nacionalidades, regiones o como se les quiera llamar, para mí el nombre no hace la cosa, puedan convivir juntos dentro del marco de España, pero con respeto a sus diferencias, y con capacidad para autogobernarse (de ahí el famoso Título VIII). Y el Estatut, en su redacción actual, cabe perfectamente en esta interpretación constitucional.
Si el Tribunal Constitucional ignora esto, e ignora además la voluntad del pueblo de Cataluña expresado en referéndum, habrá que plantearse ciertamente otras alternativas. No quiero con ello decir que el hecho de estar aprobado en referéndum constituya una patente de corso para saltarse la Constitución, pero sí que la voluntad expresada por el poder legislativo de Cataluña y España, y directamente por los ciudadanos de Cataluña, merece ser tenida en cuenta.
Sobre todo si pensamos en que podría ser que para ir contra esa voluntad popular se estuviera utilizando una norma, la Constitución, que nunca ha sido aprobada por una gran mayoría de los españoles vivos actualmente. Y si alguien cree que exagero, que haga números: menos de 16 millones de españoles aprobaron la constitución, de los que una buena parte, es ley de vida, habrán fallecido ya (los más jóvenes tendrán 49 años, uno más que yo, que no pude votar). No sé por tanto si quedarán vivos 12, 10 u 8 millones, pero en el mejor de los casos son indiscutiblemente minoría en un país con 40 millones de habitantes.
Acabo dejando aquí las palabras del Presidente Montilla el pasado domingo, para quien no las haya oído, y no hace falta decir que las comparto totalmente:
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Independència? Democràcia i Respecte
19 nov
No em sap greu reconèixer que, a nivell personal, seria igual de feliç en una Catalunya independent que ho soc ara. No em suposaria cap trauma la independència, igual que no m’ho suposa la permanència dins Espanya. Sé que hi ha gent que no pensa així, gent per qui la independència de Catalunya seria una tragèdia, i gent que pensa que aquesta independència és l’únic objectiu pel que val la pena viure. Respecto ambdues posicions, però no les comparteixo.
Crec que si una majoria de catalans volgués ser independent, res ni ningú podria evitar-ho. Igual que crec que en el nostre món actual la independència és molt, molt, relativa i que la independència no seria una bona opció per Catalunya, perquè comportaria més problemes que avantatges, i en cap cas seria la vareta màgica que alguns prediquen. En conseqüència, ara per ara votaria NO en un hipotètic referèndum per la independència de Catalunya, igual que votaria SI en un hipotètic referèndum per anar més enllà en la construcció europea, traient competències als Estats en favor d’entitats supraestatals per tal de caminar cap a la igualtat de tots els habitants del continent (i del món, ja posats).
Fins aquí res d’estrany, la diferència d’opinions és sana i enriqueix el debat. Però hi ha dues coses que ni tolero ni crec que s’hagin de tolerar, la falta de respecte i la tergiversació de la realitat.
Hi ha moltes persones que no respecten les posicions alienes, i que tenen l’insult per única arma. Si hi ha gent que no creu que no es pugui ser patriota, allà ells. Però que no em diguin si ataco (amb arguments) posició centralistes espanyoles que sóc independentista, ni si contesto posicions independentistes em diguin nacionalista espanyol. Es possible no ser nacionalista espanyol ni català, malgrat alguns no ho puguin entendre. En som molts, i no ens importa rebre per totes bandes.
Un exemple, anecdòtic si voleu, del que dic: hi ha un grup al Facebook anomenat NO AL MAPA DEL TEMPS DE TV3 “Això no és Catalunya”, creat per protestar contra el fet que TV3 ens fa veure un mapa on, com cal incloure tots els “Païssos Catalans”, a Catalunya en la previsió a 3-4 dies vista li toquen només 4 símbols, de forma que se sacrifica el dret a la informació dels catalans en pro del pancatalanisme que malauradament practiquen els nostres mitjans informatius públics (la “seva”, com jo dic). Doncs bé, la simple existència d’aquest grup ha provocat un missatge com aquest (per fortuna l’únic en aquest to):
Quina colla de “no-nacionalistes” que en realitat sou NACIONALISTES ESPANYOLS! Fa pena llegir els vostres comentaris plens de ràbia i odi contra el vostre país. Visquin els Països Catalans lliures de feixistes com vosaltres.
És a dir, els membres del grup som nacionalistes espanyols, tenim ràbia i odi contra el nostre país i som feixistes. Déu n’hi do, a això li dic jo respecte. I la llàstima és que no és un cas aillat, estic fart de llegir a fòrums i comentaris a notícies coses semblants, normalment emparades en l’anonimat. I el mateix en sentit contrari, persones que insulten a tot aquells no estimen la seva pàtria espanyola com ells creuen que ha de ser. Tot depén d’on estigui el fòrum o la notícia, perquè cadascun té el seu públic.
Altres no insulten, però tergiversen la realitat. Sento cada dia persones que assumeixen com una premisa incontestable de la seva argumentació que a Catalunya hi ha una majoria a favor de la independència, sense intentar ni justificar-ho. I potser millor que no ho intentin si ha de fer com una persona a qui, malgrat no compartir els seus punts de vista, tenia per seriosa, l’ex-vocal del CGPJ Alfons López Tena, qui quan li pregunten per l’existència d’una majoria a favor de la independència deixa anar una parida (amb perdó) tal com: “El fet que el PSOE i el PP la neguin però no autoritzin referèndums és un senyal que ja existeix”. La bajanada és tan burda que casi que ni mereixeria comentar-la. Perquè si la meva lògica funciona, aplicant el mateix raonament tindríem que si jo demano un referèndum per tal que tots els dimecres siguin festius i em diuen que no es pot fer, això seria un senyal inequívoc que hi ha una majoria a favor d’aquesta nova festivitat. And so on …
Les eleccions deixen ben clar quina força tenen els independentistes, i si això no els serveix, perquè diuen que a les eleccions en el vot influeixen moltes coses (cert, però si tan t’importa la independència, no votes a un partit no independentista), també tenim les enquestes. I d’acord amb la més recent que conec, el Baròmetre d’Opinió Política del passat mes de Juliol publicat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), la pretesa “majoria” a favor de la independència de Catalunya és d’un minso 19% (vegeu quadre).
Ja sabem que les enquestes tenen marge d’error, però en aquest cas molt gran hauria de ser perquè aquest 19 es convertís en un 51, dic jo. Inclús el Centre d’Estudis Sobiranistes, presidit pel propi López Tena, i que suposo que no deu ser sospitós d’espanyolisme, ans al contrari, en un estudi fet public l’any passat xifrava aquest suport, després de molta “cuina”, en un 35% (amb un 45% en contra), lluny encara de la majoria, i això que es tractava d’un vestit a mida, com ja vaig comentar en el seu dia.
És cert que els independentistes fan molt de soroll, perquè les seves posicions són amplificades pels mitjans de comunicació (sobre tot per alguns). Estan en el seu dret de fer-ho si pensen que això afavoreix la seva causa, però que no oblidin que els que no apareixem als mitjans de comunicació, perquè no acostumem a fer performances mediàtiques, també existim, i el que és més important, també votem. I és que mentir sistemàticament té un problema, que és acabar creient-se les pròpies mentides.
Antoni Vives ha de ser cessat
16 nov
Finalment, Convergència ha acceptat tornar els diners que va rebre, via Fundació Trias Fargas, del Sr. Millet a càrrec la Fundació Palau de la Música. És una bona notícia, tot i que arribi tard i malament, tenint present que no fa gaires dies vàrem sentir el contrari de boca de l’inefable Felip Puig.
Tot i que ara la seva justificació és que han descobert que els convenis amb la Fundació Trias Fargas no eren legals, perquè en Millet no tenia poders per a fer-los (ves per on, no en van dubtar en el seu dia?), el cert és que la seva posició de negar l’evidència no s’aguantava. La seva acció no només va ser moralment reprovable, també va ser il·legal.
Bé, esperem que ho facin, i que quedi clar que no és un gest de generositat, com sembla que ho volen vendre, ans la reparació d’un perjudici causat en el patrimoni d’una Fundació sostinguda amb fons públics i privats, en benefici d’una altra amb unes finalitats totalment diferents, amb la connivència d’un delinqüent confés que no tenia poder per a fer-ho. I, si us plau, no intentin tornar a prendre’ns el pèl dient que no ho sabien. Quan Convergència (o la Fundació Trias Fargas) signa un conveni o un contracte no comprova els poders del representant de l’altra part? Comprarien un local a una societat sense comprovar si la persona que signa en el seu nom pot fer-ho? No, oi? Doncs això.
I ara què? Crec que encara falta quelcom. Perquè, per si no fos prou greu que la Fundació Trias Fargas signés un conveni amb la Fundació Palau de la Música, sense plantejar-se si aquella Fundació podia atorgar un conveni d’aquest tipus, ni si la persona que la representava tenia poders per signar-ho, cal afegir que Antoni Vives, la persona que va signar aquell acord il·legal i immoral, era el director de la campanya de Xavier Trias a l’Ajuntament de Barcelona, i actualment és regidor del grup de CiU a l’Ajuntament. El diner és fungible, no es pot assegurar que un ingrés concret va a pagar una despesa determinada (llevat de les subvencions finalistes), però sí que podem dir que administracions públiques, empreses i particulars van aportar fons a la Fundació Palau de la Música, que la Fundació Palau de la Música va donar diners a la Fundació Trias Fargas, representada per Antoni Vives, i que la Fundació Trias Fargas va col·laborar en la campanya de Xavier Trias, dirigida per Antoni Vives. A partir de aquí, que cadascú tregui les seves conclusions. Jo fa dies que ho vaig fer, perquè de fa temps no crec en les casualitats.
En aquestes condicions, qualsevol cosa que no sigui la dimissió immediata d’Antoni Vives, o en el seu defecte un cessament fulminant, serà una presa de pèl a la ciutadania, i farà que Xavier Trias perdi la poca credibilitat que, a hores d’ara, li pugui quedar.
Legislar i aplicar la llei
11 nov
He de dir per endavant que, per principi, no m’agrada, no m’ha agradat mai, que es legisli en calent, o a cop de titular. Per moltes raons:
- Perquè les lleis necessiten un temps de reflexió i maduració, i les preses no són bones.
- Perquè, sovint, els fets que creen l’alarma social i es fan servir com a justificació d’aquesta modificació legal immediata, no es produeixen tant per culpa de la llei existent com de la seva incorrecta aplicació, per manca de criteri o per manca de mitjans, o per totes dues raons. Cal primer aplicar correctament la llei existent, abans de canviar-la.
- Perquè, altres vegades, la llei, inclús ben aplicada, per se, no és suficient per fer que certes conductes no es produeixin (pensem en conductes que es perceben pel ciutadà com innòcues, tot i no ser legals). En aquest cas cal més concienciar el ciutadà que canviar la llei.
- Perquè, en fi, si fem creure el ciutadà que canviant la llei s’arreglarà tot, aquest pot preguntar-se legítimament per què, aleshores, no s’ha modificat la llei abans.
Malauradament, aquí estem molt acostumats a que, sobre tot en matèria penal, cada nou cas faci aixecar veus que demanen una modificació legal, i de vegades el legislador cedeix davant aquesta pressió social més del que seria desitjable, prenent mesures que tenen poc més valor que el de manifestar de forma pública una certa voluntat, ja que suposant que tinguin efectes pràctics, aquests triguen molt a arribar. I no és que em sembli malament com a principi que el legislador aprovi les lleis que la ciutadania demana, així hauria de ser en condicions normals, però sempre que el ciutadà tingui tots els elements necessaris per a formar la seva opinió, el que no sempre passa.
Ara bé, això no vol dir que, en alguns casos, l’actuació ràpida del legislador no sigui convenient i àdhuc necessària, ja que, com s’acostuma a dir, el mal mai no descansa, i sempre està buscant vies d’actuar i si pot ser quedar impune, i és obligació del legislador tancar aquestes vies quan abans millor. Però explicant bé les coses per tal de o confondre el ciutadà, i sempre mirant de no crear falses expectatives, ni fer creure la ciutadania que una modificació legislativa és, per se, capaç de capgirar súbitament situacions consolidades.
Crec per això que les mesures aprovades ahir són correctes i necessàries, però també que és necessari explicar a la ciutadania que ni són un invent fet d’un dia per l’altre, ja que fa molt de temps que es lluita contra la corrupció, ni tampoc són la fòrmula màgica que acabarà amb ella demà mateix.
Cal, per tant, explicar que és necessari aprovar la normativa d’actuació i règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), però cal també aclarir que l’OAC no és un ens nou d’ahir. Va ser una creació del govern tripartit (amb CiU no existia, i no perquè no existís frau), destinada a lluitar contra la corrupció, perquè aquest govern sempre hi ha estat compromés. I cal també explicar que aquest camí, el de la lluita contra la corrupció, ja fa molt temps que es va iniciar i, tant des de Catalunya com des del Govern d’Espanya, cadascun dins la seva competència, s’han pres mesures que fan que ara es detectin fets delictius que van passar fa molt de temps: aprovació d’un pla contra el frau fiscal, dotació de fiscals exclusivament dedicats a delictes mediambientals i urbanístics (50) amb la creació d’una fiscalia dedicada a aquests temes, creació d’una unitat especial de la Guàrdia Civil contra els delictes urbanístics, o aprovació d’una nova llei del sól. A títol d’exemple, la fiscalia anticorrupció porta ara un 150% més de procediments que el 2005, té el triple de fiscals (30 per 10 el 2005) i ha obert el 2008 el doble de diligències de investigació pròpies que el 2007.
Això ha aconseguit erradicar la corrupció? No, ni ho aconseguirà, igual que el fet que l’assassinat estigui penat des de temps immemorial no ha evitat que continuin havent-ne, perquè les persones som així. Però si ha aconseguit que els que l’han feta, la paguin, cada cop més, reduïnt els àmbits d’impunitat.
I és que fer lleis no és la fòrmula màgica que resol els problemes, es només una baula més de la cadena. Però aquesta cadena té altres baules: la policia, la fiscalia, la judicatura (que hauria de ser ràpida i on els amiguismes no haurien d’obrir espais d’impunitat) i en darrer terme el ciutadà. Sí, ja sé que no té bona premsa dir-li a la gent que a més de drets també té obligacions, però és el que penso. És també obligació nostra, de tots, lluitar contra els comportaments contraris a la llei. No podem fer la vista grossa amb els comportaments irregulars. No serveix dir jo ja ho sabia sense haver denunciat previament els comportaments que surten a la llum. Tampoc serveix de res la denúncia genèrica, esquitxar a tothom, intentant fer caure la sospita sobre col·lectius quan són les persones concretes les que delinqueixen, o no. I no s’hauria de continuar votant els corruptes, que a més fan servir aquests vots com una sort de patent de cors per a les seves activitats.
Com he dit, segurament no aconseguirem erradicar la corrupció, però si fer als corruptes més difícil la seva activitat i com a mal menor aconseguir que no quedi mai impune.
Cuando las buenas noticias no son noticia
9 nov
Recuerdo que cuando yo era niño (ya ha llovido), existía un semanario, de nombre El Caso, que durante muchos años (desde 1952) se especializó en informar, con un notable éxito de ventas, de los sucesos de la España franquista, o al menos de los que el régimen permitía contar. Luego, ya bien entrada la democracia, su estela se fue desvaneciendo, hasta la desaparición hace veintidós años (a quien le interese, puede leer más sobre El Caso en Público y El País).
Desde hace ya algún tiempo, creo que casi todos los medios de comunicación son El Caso, y supongo que es precísamente eso lo que justifica su desaparición. Los medios, ya sean gráficos, hablados o escritos, priman las noticias negativas, y cuanto más truculentas mejor, por encima de las positivas, y hay días que los titulares de muchas publicaciones o programas informativos parecen más un parte de guerra que otra cosa. ¿Hay ahora más noticias negativas que antes? Creo que no. Hay, o llegan a los medios, más noticias, así en general, tanto buenas como malas, y que los medios comuniquen unas u otras depende de lo que quieren transmitir, o de lo que creen que su audiencia quiere recibir (aunque a menudo esto es un pez que se muerde la cola, porque la audiencia espera aquello a lo que está acostumbrada).
Por ello creo que vale la pena remarcar las buenas noticias, aun cuando solo sean buenas noticias en términos relativos, como la que se desprende del reportaje que leí en el último número de la revista Tráfico y Seguridad Vial, editada por la Dirección General de Tráfico, que tengo la fortuna de recibir en calidad de subscriptor consorte desde que mi esposa tiene carnet de conducir (por cierto, a partir de enero la edición en papel deja de ser gratuita con carácter general, pero nos queda la edición digital).
El reportaje en cuestión se refería a la disminución de fallecimientos por accidente de tráfico en la campaña de Verano de 2009, que ha arrojado cifras similares a las de 1963. Es una buena noticia muy relativa, por cuanto la pérdida de 377 vidas, considerada en forma aislada, es indudablemente un mala, una muy mala noticia. Pero si lo comparamos con los años anteriores, podemos comprobar que hay que ir hasta 1963 (cuando había 1,7 millones de coches, en lugar de los 30 actuales) para encontrar cifras similares (398 fallecidos) y que estamos muy, muy lejos de las puntas de siniestralidad que se registraron en 1989 (1378 fallecimientos), 1991 (1276) o 1987 (1188), lo que significa que se han dejado de perder muchísimas vidas, y esas vidas “salvadas”, sí son una buena noticia, de la que tod@s debemos felicitarnos sin lugar a dudas.
No deja de ser curioso como nuestra sociedad valora de forma muy diferente las muertes en función de su causa y/o de sus circunstancias. Se le da más importancia al fallecimiento de 20 personas a la vez en un accidente de tren (aunque solo ocurra uno en un año) que al de cientos de ellas (o en algunos años miles) en muchos accidentes de coche. Por no hablar de las muertes que tienen su en origen actos delictivos, y especialmente terroristas. Y digo yo ¿no es un terrorista el que coge el coche hasta arriba de alcohol y drogas? ¿no carece por igual de sentido la muerte de una víctima del terrorismo que la provocada porque alguien conducía a la vez que sostenía el móvil y perdió el control del vehículo?
Hemos mejorado mucho, pero nos queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar el utópico objetivo de la siniestralidad cero. Y este camino es por un lado el camino de la mejora de los vehículos, de la mejora de las vías y de su señalización, y por el otro el de la concienciación, de la educación, y también el camino de la sanción para quien incumpla las normas. Y si hace falta castigar incumplimientos graves con penas privativas de libertad (según la misma revista hay 691 personas en la cárcel por delitos de tráfico y seguridad vial), bienvenido sea, si ello sirve para salvar vidas.
Maneres de fer política
7 nov
Per moltes voltes que li dono, encara no acabo d’entendre què pretenia Felip Puig qüestionant-se els càrrecs ocupats per la companya Anna Hernández (que a hores d’ara ja tothom sap que és l’esposa del company José Montilla, fet que no és el més rellevant de la seva biografia, però que per alguns sembla l’únic que importa).
Tot i que ho trobo una mica fastigós, estic acostumat als correus anònims que, de forma viral, intenten escampar missatges, sovint falsos (alguna vegada cers, però les menys). Precísament perquè els seus autors són conscients del seu contingut fal·laç, són anònims. Quan puc els contesto (en aquest cas també va ser així), ja que no puc fer res més.
Puc entendre que el ciutadà tipus, que no té per què saber com funcionen les administracions públiques, ni que aquestes utilitzen organismes i societats per desenvolupar les seves activitast, ni els sona què carai és un consorci, es vegi sorpés per aquesta pressumpta acumulació de càrrecs i demani explicacions (explicacions que, per cert, s’han donat de forma immediata). És lògic i normal.
I encara que em remou l’estòmac, puc entendre que des de les trinxeres d’aquells opinadors (per qualificar-los d’alguna manera, per què informadors no són) que no tenen la més mínima ética, es diguin veritables bestieses. En aquest cas vaig llegir una perla per emmarcar: Montilla enchufa a su mujer en 14 empresas públicas y privadas. És díficil dir més mentides en menys paraules, perquè ni hi ha enchufe, ni en són 14, ni totes són empreses. En fi, no diré res més.
Pero que un responsable polític, que porta la tira d’anys en això, ex-conseller i no sé quantes coses més, que per tant coneix perfectament el funcionament de l’administració, i que ell mateix va acumular un nombre molt superior de càrrecs quan era conseller, contribueixi a escampar mentides i insinuacions insidioses, em costa més d’entendre. Compte, no critico els càrrecs de Felip Puig, certament anaven lligats a la seva responsabilitat de conseller, de la mateixa forma que els d’Anna Hernández van lligats a la seva condició de regidora, critico que precísament ell entri amb aquest joc brut de la insidia.
Potser no l’importa denostar la política perquè pensa que a ell, o al seu partit, aquestes coses no els passen factura, i que és una forma de desgastar l’adversari. Però s’equivoca, això ens perjudica a tots, i a la llarga també a ells els hi passarà factura.
Acabo comentant, ni que sigui de passada, el despreci (que jo crec que inclou una bona dosi de masclisme) que el Sr. Puig va fer de Marta Ferrusola, fent burla de la possibilitat que pogués ser regidora d’urbanisme. I dic jo, si vostè, donant de sí el que dóna, ha estat Conseller de la Generalitat, per què no?
Quina pena d’individu!
