Desde hace ya algunos meses, los medios de la derecha más dura, y algunos otros, llenan el espacio de sus artículos y tertulias elucubrando sobre si Zapatero sabía o no sabía de ella, durante la campaña electoral del pasado marzo, y si lo dijo o lo dejó de decir.

A mí la situación me suena mucho a la de las anteriores elecciones. Entonces se intentó deslegitimar la victoria del PSOE diciendo que era únicamente fruto de los terribles atentados del 11-M (incluso algunos llegaron a hablar de una conspiración internacional con ese objetivo), y ahora se intenta hacer lo mismo con el peregrino argumento de que de haber reconocido el Presidente la existencia de una crisis el electorado no le habría dado su apoyo (pese a que la crisis tenga un alcance mundial y que, al margen de las peculiaridades locales, tenga uno de sus más claros causantes en los Estados Unidos).

Lo mío no es la profecía, así que no especularé sobre qué habría pasado, sino que me detendré en algo que considero más importante: ¿Aun si hubiera sabido el alcance de la crisis, debía Zapatero decirlo? O dicho de otro modo, ¿Cual es la obligación de un gobernante ante la constatación de una crisis?

Yo no soy economista, y quizás por eso lo que diré suene excesivamente simplista, pero creo que una obligación obvia es adoptar las medidas que estén en su mano para paliar los efectos de la crisis sobre empresas y ciudadanos. Porque, no nos engañemos, en crisis de este alcance poco pueden hacer los gobiernos para solucionarlas, aunque mucha gente tienda a sobrevalorar el poder político frente a las fuerzas económicas.

Y la otra obligación, para mí también obvia, es dar tranquilidad a la población, y no contribuir a su nerviosismo. Porque en esto de la economía, además de los factores reales, también influye mucho la psicología, es decir, las expectativas de la gente. Si se impone la idea de que las cosas van mal, acabarán yendo mal. Si alguien sin problemas económicos retrae su consumo por miedo al futuro, lo que él deja de comprar alguien lo deja de vender, y quien deja de vender (no hablo solo del empresario, sinó, y sobre todo, de sus trabajadores, que pueden perder su empleo), se ve obligado a retraer a su vez su consumo, con lo que nos metemos de lleno en una espiral de funestas consecuencias.

Por lo tanto, igual que sucedía con las devaluaciones de moneda (que había que negar hasta el instante anterior a ponerlas en práctica), es obligación del gobernante quitarle importancia a las crisis, so pena de contribuir a hacerlas más graves de lo que ya son. Que al parecer es lo que a algunos les gustaría, por aquello del cuanto peor mejor.